Qué dice la nueva Ley de Investigación e Inteligencia

La Cámara de Diputados aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer la seguridad en el país mediante una mejor coordinación en tareas de inteligencia e investigación. Sin embargo, esta misma ha sido señalada por la oposición como una forma de violentar la privacidad de los ciudadanos.

Uno de los principales puntos es que otorga nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch. Entre ellas está la creación de una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Esta instancia pretende mejorar la coordinación entre la Guardia Nacional, las fiscalías estatales y otras autoridades.

El fin es reducir la impunidad, aseguran Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. También se propone que delitos como la extorsión sean clasificados como graves. Esto permitiría realizar detenciones con mayor rapidez. Según el gobierno, la ley busca construir un país más seguro sin repetir estrategias del pasado, como la llamada “guerra contra el narco”, que ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón.

La ley ha generado críticas bastante fuertes por parte de los partidos de oposición y organizaciones civiles. El Partido Acción Nacional (PAN), en particular, ha expresado su preocupación por posibles riesgos a la privacidad.

Señalan que la legislación permitiría al gobierno acceder a datos como la geolocalización, información biométrica, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin controles claros. Esto, afirma el senador Ricardo Anaya, se haría posible con otras tres leyes complementarias:

“Están buscando que, a partir de la próxima semana, el gobierno federal pueda teclear tu CURP y, con solo hacerlo, tenga acceso a toda la información de cualquier ciudadano mexicano: foto, huellas digitales, todas tus compras en Amazon, si te hospedaste en un hotel y en cuál, tu geolocalización en tiempo real, a qué hora sales de tu casa, adónde vas, a qué hora sales del trabajo, con quién te reúnes... A todo eso van a tener acceso si se aprueban estas cuatro leyes”, señaló.

Los diputados del PAN advierten que estas facultades podrían abrir la puerta a una vigilancia masiva. Consideran que esto pone en riesgo los derechos fundamentales. También acusan que el dictamen se aprobó con rapidez, sin un debate profundo ni suficiente análisis.

Organizaciones de derechos humanos y especialistas han manifestado preocupaciones similares. Advierten que, sin mecanismos de rendición de cuentas, la ley podría facilitar abusos de poder.

Por su parte, el gobierno federal defiende que la iniciativa está alineada con el artículo 21 de la Constitución. Asegura que el enfoque es preventivo y que se privilegia la inteligencia por encima del uso de la fuerza. La presidenta Sheinbaum asegura en que las acciones estarán dentro del marco legal y que se protegerán las libertades ciudadanas.

"Esta ley constituye un paso firme hacia una seguridad pública con acciones coordinadas e instituciones más sólidas y profesionales, centradas en el bienestar de las y los ciudadanos", dijo el 24 de junio en su conferencia matutina.

El tema aún se discute en el Senado. Ahí se analizarán las críticas y se podrían hacer modificaciones. La oposición insiste en que la ley debe incluir salvaguardas para proteger los datos personales y evitar un uso político.