La reforma constitucional al Infonavit que Morena, PT y Partido Verde impulsan en el Congreso de la Unión terminó por "congelarse" en la Cámara de Diputados, pues recibió duras críticas de legisladores de la oposición, el sector empresarial, así como de sindicatos y grupos de representación de trabajadores.
La parte más controversial de la reforma tiene que ver con que se le permitiría al Infonavit utilizar el ahorro de los trabajadores para la construcción de vivienda social, este monto equivale a unos 2.5 billones de pesos, que actualmente están protegidos por la Ley y que ninguna autoridad o institución tiene permitido usarlos.
Además, la minuta plantea que, en caso de aprobarse la reforma, será el gobierno federal quien tendrá mayor poder de decisión sobre cómo se usaría ese dinero. Esto sería así porque la reforma propone una reconfiguración completa de los organismos encargados del resguardo del ahorro de los trabajadores.
Actualmente, el Infonavit opera bajo un modelo tripartita, en el que el gobierno federal, el sector empresarial y representantes de los trabajadores cuentan con un número igual de integrantes para mantener un equilibrio y así evitar abusos o malas prácticas de cualquiera de los tres sectores.
En la reforma de Morena, se mantiene el modelo tripartita en la Asamblea General (10 integrantes por sector) y en el Consejo de Administración (4 integrantes por sector); que son los organismos superiores en donde se aprueban todos los gastos, proyectos, inversiones y programas del Infonavit.
Pero en los organismos de control, que son los encargados de vigilar el resguardo y uso responsable del ahorro de los trabajadores, la reforma pide romper el equilibrio y darle autoridad casi absoluta al gobierno federal.
Uno de estos organismos es la Comisión de Vigilancia, que tendría 5 integrantes del gobierno federal, 2 de los empresarios y 2 de los trabajadores.
Mientras que para el Comité de Transparencia y también para el Comité de Auditoría se plantea que el gobierno federal tenga tres representantes, y que únicamente haya uno de los empresarios y uno de los trabajadores.
Es decir, la reforma al Infonavit plantea textualmente que el gobierno federal tenga el doble de poder de decisión de lo que actualmente tiene en los organismos de vigilancia del instituto.
A estos factores se suma que no hay suficiente precisión en el dictamen sobre temas importantes como el tipo de proyectos que se podrán aprobar, la participación de otras instituciones o iniciativa privada en los mismos, y la forma en la que el Infonavit recibirá las dudas y recomendaciones del sector empresarial y de los trabajadores a los cambios propuestos.
Tras las controversias, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que la minuta se pondrá en pausa y que se abrirán foros para discutirla con la población. Se espera que en 2025 se retome con cambios consensuados con los sectores involucrados.
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