Habrá semana laboral de 40 horas, pero hasta 2030

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales, que comenzará en 2026 y se aplicará de manera completa hasta 2030.

La medida fue acordada con los sectores empresarial, sindical, académico y la sociedad civil, según informaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños.

“Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios ni de prestaciones”, explicó Bolaños durante la conferencia matutina del 3 de diciembre.

El proyecto contempla una reducción gradual: en 2026 comenzará un periodo de transición; en 2027 la jornada se reducirá a 46 horas; en 2028 a 44 horas; en 2029 a 42 horas; y será hasta 2030 que se alcanzará el límite de 40 horas semanales.

La propuesta establece que la suma de horas ordinarias y extraordinarias no podrá superar las 12 en un día y prohíbe el trabajo extra para menores de edad.

Para garantizar el cumplimiento de la nueva jornada laboral, las personas empleadoras deberán llevar un registro electrónico de la jornada laboral, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que permitirá controlar tanto las horas ordinarias como las extraordinarias.

El proceso de implementación se diseñó para permitir la adaptación de empresas y trabajadores, con el fin de mantener la organización de los procesos productivos. Según Bolaños, “2026 y los meses posteriores a la aprobación legislativa influirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores, y las personas trabajadoras, organicen, planeen, adapten, y de manera conjunta, puedan consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la reforma será enviada al Senado de la República para su discusión y aprobación, y que cualquier modificación constitucional deberá también ser avalada por los congresos de las entidades federativas.