El miércoles 27 de noviembre, el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 19 constitucional para ampliar los delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa, es decir, crímenes por los que se permite encarcelar a una persona sin necesidad de un juicio de por medio.
La reforma fue enviada este jueves 28 de noviembre a los 32 congresos estatales para su aprobación y futura promulgación en la Constitución. Como ha pasado con otras iniciativas impulsadas por Morena en este inicio de este sexenio, se espera que antes de finalizar el día obtenga el visto bueno en la mayoría de los legislativos locales.
La reforma al artículo 19 constitucional incluye a la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales en el catálogo de delitos que ameritan el encarcelamiento preventivo.
Actualmente, la Prisión Preventiva Oficiosa solo contempla la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Sobre el tráfico de fentanilo, se aprobó el encarcelamiento de personas acusadas de la introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
Por qué es tan controversial la reforma sobre la Prisión Preventiva Oficiosa
Los grupos parlamentarios de Morena, que impulsaron esta reforma propuesta desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) afirman que es una "medida necesaria" que permitirá garantizar que no haya impunidad para los criminales.
A diferencia de la Prisión Preventiva Justificada, en la que un juez debe analizar si el acusado puede estar en peligro o existe riesgo de que escape, la Prisión Preventiva Oficiosa permite que el presunto criminal sea encarcelado en automático tras su detención.
Los legisladores de Morena señalan que al ampliar el catálogo de delitos que ameriten encarcelamiento automático se puede evitar que los presuntos criminales escapen o hagan tratos con jueces y ministerios Públicos para librarse de la justicia.
Sin embargo, políticos de oposición y organizaciones civiles señalan que esta reforma violenta los derechos humanos de las personas, pues se elimina su derecho a la presunción de inocencia. Es decir, la oportunidad de probar que es inocente, a través de un juicio, de los cargos por los que se le acusan.
Organizaciones civiles afirman que la reforma abre la puerta a posibles casos de detenciones arbitrarias y persecuciones políticas.
Asimismo, explican que la población privada de la libertad en México aumentó considerablemente durante el sexenio anterior, siendo la Prisión Preventiva Oficiosa uno de los principales motivos.
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