¿Qué es un juicio político y por qué la oposición quiere uno contra Adán Augusto?

El juicio político es un procedimiento que realiza el Congreso de la Unión cuando el actuar de servidores públicos afectan los intereses o seguridad del país. En México, la Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 110 de la Constitución.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos detalla los motivos que pueden originar un juicio político, los cuales son ataques a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno, violaciones a los derechos humanos, infringir la Constitución o leyes federales, manejo indebido de fondos públicos o cualquier omisión grave que afecte a la Federación, los estados o la sociedad.

Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia por escrito contra un servidor público. El juicio político solo puede iniciarse mientras el funcionario ocupa el cargo o dentro de un año después de concluir sus funciones.

Entre los servidores públicos sujetos a juicio político se encuentran senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte, secretarios de despacho, el Fiscal General, magistrados, integrantes de órganos constitucionales autónomos, directores de organismos descentralizados, así como los ejecutivos de entidades federativas y otros funcionarios locales, en casos de violaciones graves a la Constitución y leyes federales.

La solicitud de juicio político contra Adán Augusto López Hernández

La diputada María Elena Pérez-Jaen, del Partido Acción Nacional (PAN), ratificó su solicitud de juicio político contra Adán Augusto López Hernández, líder de los senadores de Morena, por su presunta relación con Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal La Barredora.

Pérez-Jaen acudió a la Cámara de Diputados para formalizar la petición y señaló que su objetivo es que López Hernández sea desaforado, destituido e inhabilitado por al menos 20 años, y que, en su caso, se abran los procesos penales correspondientes.

Como parte de su expediente, la legisladora presentó publicaciones de medios informativos y documentos de inteligencia del Ejército filtrados por el colectivo Guacamaya en 2023, que señalan la presunta cercanía del exgobernador de Tabasco con Bermúdez Requena.

“Todos los días se van acumulando elementos y pruebas de su cercanía de la relación que tenía con el que señalan como líder de La Barredora, y por más que él quiera negar esos hechos, simplemente hay que remitirse a los 30 informes de inteligencia militar dados a conocer por el colectivo Guacamaya”, declaró Pérez-Jaen.

La solicitud de juicio político fue ratificada en la Secretaría General de la Cámara de Diputados y será turnada a la Subcomisión de Examen Previo, que realizará un primer análisis para determinar si procede el juicio.

Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, afirmó que está de acuerdo con que “se aplique la ley a quien sea”, subrayando la imparcialidad del proceso.

Por su parte, Adán Augusto López Hernández se ha defendido en medios de comunicación y afirma que no sabía de las acciones criminales de Hernán Bermúdez, también ha dicho que está dispuesto a declarar si la autoridad se lo requiere.