Qué dice la nueva Ley de Aguas aprobada en el Senado

En medio de una fuerte discusión, el Senado aprobó la nueva Ley General de Aguas y cambios a la Ley de Aguas Nacionales después de recibir la minuta de la Cámara de Diputados. La votación fue de 85 votos a favor y 36 en contra, en un trámite calificado por la oposición como apresurado, o también conocido como fast track, que no pasó por comisiones.

La iniciativa viene directamente del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y busca regular el derecho humano al agua y ordenar cómo debe usarse, distribuirse y supervisarse.

La ley cambia el sistema de concesiones. A partir de esta reforma, quienes tengan un permiso para usar agua ya no podrán venderlo, transferirlo o usarlo para algo diferente a lo que está registrado.

Con esto, el gobierno busca evitar que las concesiones se traten como mercancías. También se define qué ocurre cuando una propiedad cambia de dueño: el artículo 49 indica que los derechos de agua se mantienen con la persona que compra la tierra vinculada a esa concesión.

La legislación da nuevas tareas a la Conagua, como crear el Fondo Nacional del Agua. Este fondo será el encargado de manejar la extinción o cesión de concesiones y de reasignar volúmenes de agua cuando sea necesario. Además, la reforma endurece las sanciones para quienes realicen un uso indebido del recurso. Por ejemplo, habrá cárcel para quienes trasladen agua para venderla o alteren ríos y corrientes sin permiso.

En tribuna, el bloque oficialista defendió que el objetivo es asegurar el agua para las personas y evitar abusos. Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, dijo que la ley forma un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente” y que retira la idea de que el agua es un negocio. Según su postura, el proyecto protege a campesinos y productores pequeños.

Desde el PT, Lizeth Sánchez García explicó que la ley reconoce a más de 70 mil comités de agua y les da personalidad jurídica, reglas y obligaciones claras. Señaló que esto ayuda a comunidades rurales, pues facilita trámites como herencias y compraventas de terrenos que tienen concesiones asociadas. También se define el uso agropecuario familiar para distinguir entre productores pequeños y grandes agroindustrias.

Los partidos de oposición señalaron que la ley concentra demasiado poder en el Gobierno Federal y en la Conagua. Verónica Rodríguez Hernández, senadora del PAN, afirmó que el agua puede volverse un instrumento político, señalando que la autoridad podrá decidir “quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes”. Su bancada considera que esto puede afectar al campo y a la seguridad alimentaria.

El PRI destacó que no se presentaron estudios económicos ni un plan claro de financiamiento. Carolina Viggiano Austria dijo que el dictamen no prevé inversión en infraestructura o vigilancia, y que “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”. Legisladores de este partido y otros grupos insistieron en que no hubo consulta indígena, a pesar de que la Constitución la exige cuando una reforma puede afectar territorios y comunidades.

Para Movimiento Ciudadano, los cambios generan incertidumbre para los productores y aumentan el riesgo de discrecionalidad. Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que la ley entrega más responsabilidades a la Conagua sin aumentar su capacidad o presupuesto, lo que podría complicar aún más la administración del agua.