Tras escándalo, Ministros de la Suprema Corte devolverán camionetas de lujo

Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron no utilizar las nueve camionetas blindadas recientemente adquiridas para su uso oficial, luego de la polémica generada por su alto costo y el contraste con el discurso de austeridad que pregonan.

La decisión se anunció el domingo y contempla dos soluciones. La primera es devolver las camionetas al concesionario y, en caso de que ya no se pueda, se plantea reasignarlas a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos que ellos.

Las camionetas tipo Jeep Grand Cherokee tienen un valor aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, sin considerar los costos adicionales por el blindaje, que elevarían su precio hasta cerca de 2.4 millones de pesos. Las críticas se intensificaron al señalarse que las unidades estaban emplacadas en el estado de Morelos, lo que generó dudas sobre posibles beneficios fiscales frente al pago de tenencia en la Ciudad de México.

Previamente, la SCJN defendió la adquisición al argumentar que se trataba de una decisión basada en criterios de seguridad institucional y de eficiencia presupuestal. El Órgano de Administración Judicial explicó que las unidades sustituidas, modelos 2019 y 2020, presentaban fallas mecánicas frecuentes y ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad, además de que el blindaje había superado su vida útil.

Durante una conferencia de prensa, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la seguridad no debe confundirse con lujo y reconoció que las críticas influyeron en la determinación final.

“Hemos estado escuchando los cuestionamientos que se nos hacen y, por esa razón, en diálogo con las ministras y ministros, tomamos la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”, señaló.

Aguilar Ortiz subrayó que, actualmente, no existe información sobre riesgos específicos contra las y los ministros, y que todos coincidieron en que es posible desempeñar sus funciones con austeridad sin comprometer la operación institucional.

“La austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que debe ejercerse con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad ni el cumplimiento de las funciones constitucionales”, afirmó.

La SCJN informó que, mientras se define el destino final de las camionetas, se actuará conforme a la normatividad vigente, ya sea mediante su devolución o su reasignación.