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Aprueban hasta 24 años de cárcel a montachoques en Edomex

  • Foto del escritor: Ivan Cruz
    Ivan Cruz
  • hace 12 minutos
  • 2 Min. de lectura
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El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal local para tipificar la conducta de los llamados “montachoques” como una forma de extorsión, con penas que van de 12 a 24 años de prisión y multas de hasta 3 mil días, dependiendo de las circunstancias del delito.


De acuerdo con el dictamen, se sancionará a quienes provoquen intencionalmente un incidente de tránsito con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, mediante amenazas o engaños, simulando ser víctimas.


Los montachoques suelen rondar en calles y avenidas de poca vigilancia para asechar a conductores desprevenidos, especialmente mujeres, adultos de la tercera edad o familias con niños, para provocar un choque y cobrarles dinero a cambio de no hacerles daño.


Con esta aprobación, el Edomex es ahora la tercera entidad que castigará esta forma de extorsión en el país. Anteriormente, ya lo hicieron la CDMX y Morelos.


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El diputado Octavio Martínez Vargas, promotor de la iniciativa, explicó la urgencia de tipificar este delito, pues tan solo en Ecatepec se documentan alrededor de 15 extorsiones de este tipo al día, con ganancias promedio de 10 mil pesos por choque para los criminales.


La ley indica que se duplicarán las sanciones cuando las víctimas sean personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o se encuentren en situación de vulnerabilidad, alcanzando así las penas máximas de 24 años de prisión y 3 mil días multa.


Los legisladores advirtieron que en los últimos años se ha incrementado la operación de grupos organizados dedicados a esta práctica, como Los 300, la USON o La Chokiza, en Ecatepec, quienes de manera premeditada provocan choques para exigir compensaciones económicas a los conductores.


El documento aprobado detalla que este modus operandi constituye un acto de extorsión que puede incluir amenazas, daños materiales, lesiones y afectaciones patrimoniales, generando preocupación entre la ciudadanía por el riesgo que representa para su seguridad física y económica.


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